El gobernador de Tarija, Óscar Montes, confirmó la promulgación de la controvertida ley que mantiene los sueldos de Bs 11.500 para los asambleístas departamentales y Bs 11.700 para el propio gobernador, una decisión que ha generado críticas desde distintos sectores sociales, especialmente el Comité Cívico y la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), que solicitaron expresamente que la norma no fuera sancionada.
La ley fue firmada por Montes el mismo día que fue aprobada en la Asamblea Legislativa Departamental, pese a que el gobernador expresó públicamente su desacuerdo con el contenido de la norma. No obstante, argumentó que su promulgación responde a la legalidad del procedimiento legislativo y que, en términos fiscales, representa un “mínimo ahorro” para el Gobierno Departamental en comparación con el gasto total operativo.
“Estoy en contra de estos niveles salariales, pero como Gobernador tengo la obligación de respetar las competencias de la Asamblea y promulgar una norma que fue aprobada conforme a ley”, explicó Montes, remarcando que las decisiones de fondo sobre la estructura salarial deberían ser parte de una reforma integral.
La aprobación y promulgación de esta ley se da en un contexto de grave escasez de recursos en el departamento, lo que ha afectado áreas prioritarias como salud, educación y obras públicas. Para muchos sectores, la decisión de mantener altos salarios en medio de una crisis económica regional refleja una desconexión entre la clase política y las necesidades reales de la población.
Tanto el Comité Cívico como la Fedjuve han anunciado que analizan medidas de presión y movilización en rechazo a la ley, exigiendo una reestructuración del gasto público departamental que priorice servicios esenciales y obras de impacto social.
